El 30 de junio comunidades organizadas del CUC (Comité de Unidad Campesina) ocuparon tierras ociosas que pertenecen al Estado en cuatro lugares del país. Entre ellas la Finca El Pino en Fraijanes, la cual se encuentra en manos del ejército. Ante la incesante necesidad de tierras para producir, que en su mayoría están en las manos de los terratenientes o en desuso del Estado, los campesinos toman esta vía para producir y tener alimentos, dada la crisis alimentaria que vive la mayoría de la población y que al parecer mucha más gente la sufrirá en el futuro. Su acción está respaldada en el Artículo 8 de la Ley del Fondo Tierras, que dice: “las tierras del Estado improductivas deben ser entregadas a campesinos y campesinas organizad@s”.
Alrededor de las 6:00 de la mañana 122 familias de diferentes partes del país (Totonicapan, Huehuetenango, Chimaltenango y el Quiché) llegaron al lugar para instalarse en este terreno con sus bienes básicos. Se pusieron a distribuir la tierra entre todos, a construir sus champas, a buscar fuentes de agua y cuando estaban desayunando se escuchó la primera sirena afuera del terreno. Eran las 9:00 cuando llegaron alrededor de 150 efectivos antimotines del Ejército para desalojarles. L@s campesin@s se opusieron pacificamente y intentaron dialogar con los militares. Sin embargo las fuerzas armadas actuaron de forma intimidatoria, represiva, abusiva, y violenta. Amenazaron a los líderes, robaron y destruyeron bienes, derramaron miedo y terror hasta que a las 10:00 habían expulsado a toda la gente. Mientras el Ejército se quedó en el terreno, la gente permaneció en la carretera sabiendo que estaban en lo correcto y esperaron dialogar con gente del gobierno y que sus reivindicaciones sean atendidas.
Desmentimos la versión de Jorge Ortega, portavoz del Ministerio de la Defensa, quien indicó que no hubo desalojo porque nunca entraron en el terreno.
El mismo día que se dieron las ocupaciones, el periódico Prensa Libre publicó un artículo que expone la forma como el Ministerio de la Defensa utiliza los terrenos que le son adjudicados. Menciona que terrenos pertenecientes al Ministerio de la Defensa y ubicados en Villa Nueva, originalmente destinados a proyectos habitacionales, estan en concesión a una arenera desde hace ocho años sin que sepa a quien va a parar el dinero que la arenera da por el uso de estos.
Al mismo tiempo nos parece triste que el gobierno declarara ese mismo día una ampliación del presupuesto para el Ejército de Q 2,200 millones. El presidente Colom argumenta que es para acabar con las lacras que quieren apoderarse del país, lo mejor sería que entonces metiera presos a los diputados que hacen del Congreso su guardia para robar a placer, como lo indica el último escándalo de los Q 80 millones invertidos por el presidente del legislativo. Es vergonzoso que se le dé más dinero a una institución que ni siquiera cumple con su papel asignado de vigilar las fronteras, como lo demuestra el caso de la inacción del Ejército frente la incursión de los militares belizeños para desalojar campesinos guatemaltecos. Este aumento de casi Q 1,000 millones sumado a los Q 80 millones mal usados por el Congreso, serían mejor utilizados para la adquicisión de tierras para que la gente produzca alimentos y así evitar estos nuevos 700,000 pobres que predicen las organizaciones internacionales. Pero como lo demostraron las ocupaciones ni esto sería necesario dado que el mismo Estado posee muchas tierras improductivas.
Como decían los campesinos a los militares: “queremos las tierras para producir alimentos y prepar buena comida para que ustedes ya no coman chatarras.”
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