Tuxtla Gutiérrez, Chis., 22 de octubre. El Congreso local aprobó por unanimidad el protocolo de desalojos para las corporaciones de seguridad del estado y los municipios de Chiapas, que pretende regular el uso de la fuerza pública. La iniciativa se presentó luego del asesinato de seis campesinos a manos de policías en el poblado Miguel Hidalgo, en la zona arqueológica de Chincultik.
Los legisladores expusieron que el objetivo de la nueva ley es prevenir violaciones a los derechos humanos de quienes ocupen ilegítimamente inmuebles públicos o privados, así como áreas, vías e infraestructura públicas.
La norma señala que los cuerpos policiacos que participen en desalojos no podrán portar armas de fuego o punzocortantes ni gases tóxicos, y previamente deberán practicárseles exámenes toxicológicos.
Los desalojos, agrega, se efectuarán sólo a petición de un juez, agente del Ministerio Público u otra autoridad facultada.
Antes de llegar a esta medida, señala, se deberán agotar los medios de conciliación, hecho que tendrá que certificar el Consejo de Validación de Desalojo, integrado por funcionarios de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Ministerio de Justicia y representantes de la persona o institución que solicita el desalojo.
También se estipula que antes de la expulsión se deberá investigar si entre las pñersonas a desalojar hay mujeres, niños, discapacitados y ancianos, y se garantizará la disponibilidad de campamentos u otros lugares apropiados para reubicarlos.
En todo momento, las expulsiones deberán grabarse en video. Asimismo, deberán participar la Comisión Estatal de Derechos Humanos para inspeccionar las operaciones y la Cruz Roja para atender emergencias.
Mientras, unos 50 campesinos del municipio Benemérito de las Américas demandaron en Tuxtla Gutiérrez castigar a los cuatro policías municipales implicados en el asesinato del campesino José Gómez Estrada, perpetrado el 9 de agosto. Los agentes siguen libres y en funciones.
La manifestación estuvo encabezada por Irma Gómez Sánchez, viuda de Gómez Estrada, y sus hijos, quienes pidieron apoyo al gobierno del estado.
Denunciaron que los policías siguen impunes, y el presidente municipal, Aniceto Contreras Vázquez, y su jefe de policía, Wenceslao Cárdenas Trejo, encubren a los uniformados y han amenazado de muerte a los quejosos.
Explicaron que los policías que dieron muerte a Gómez Estrada ya fueron identificados por Remigio Hernández Arellano, quien junto con el occiso fue detenido y posteriormente liberado.
“Nos detuvieron el día 9 por la noche, nos torturaron en la cárcel y al otro día nos sacaron y nos llevaron rumbo al lugar conocido como Laguna Oaxaca. Ahí nos dijeron: ‘tienen tres minutos para correr antes de que los matemos’. Yo corrí y me escondí, pero a José lo mataron y llevaron su cuerpo al río, donde apareció días después”, narró.
Martha Contreras, vecina del hoy occiso, afirmó que el edil le pidió “que no me metiera de argüendera, porque también iba a amanecer en el río”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/23/index.php?section=estados&article=040n2est |
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