El país será sometido a examen por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
“La impunidad parece inamovible”, señalan; dicen que persisten tortura y ejecuciones extrajudiciales

En el contexto del examen periódico universal al que será sometido el país en febrero próximo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de un centenar de organizaciones no gubernamentales entregaron en Ginebra, Suiza, un informe especial en el cual denuncian que “México no cumple con sus compromisos internacionales, tiene cientos de recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos no acatadas”, además de que persisten la tortura, las desapariciones forzadas de personas, las ejecuciones extrajudiciales, se criminaliza la protesta social, se limita la libertad de expresión y “la impunidad parece inamovible hasta ahora”. En conferencia de prensa, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro Nacional de Comunicación Social, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Internacional para la Defensa del Medio Ambiente indicaron que entregaron en la ONU un informe general sobre la situación de los derechos humanos y seis informes temáticos. Paulina Vega, presidenta de la CMDPDH, afirma que aunque se han registrado algunos avances en la materia, “la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo preocupante”. “Campeón” en firma de tratados El gobierno ha avanzado mucho creándose una imagen favorable en el ámbito internacional, es “campeón firmando tratados internacionales de derechos humanos y convenciones, ha aceptado la competencia de distintos organismos y tribunales internacionales. Sin embargo, persisten obstáculos importantes para lograr la máxima eficacia de los derechos humanos y sus mecanismos de protección”. Destacó que más de un centenar de organizaciones civiles nacionales han coincidido en señalar que falta avanzar en temas como migración, armonización legislativa, eliminar reservas a tratados, violencia contra las mujeres, limitación a la libertad de prensa, desaparición forzada de personas, derechos sexuales y reproductivos, derechos de los niños, acceso a la justicia y tortura, entre otros. Madelainne Penman, del Centro Pro, destacó que es la primera vez que el país será analizado por este mecanismo en Ginebra, y los más de cien grupos civiles que han estado trabajando en el análisis de la situación nacional coinciden en destacar que hay cuatro ejes en los que se debe avanzar: armonización legislativa; impunidad persistente; diálogo entre gobierno y las organizaciones independientes, y falta de acceso a la justicia. Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, destacó que en 2007 se registraron “60 casos de criminalización de la protesta social, de los cuales 32 son denuncias a violaciones de derechos, en el marco de proyectos económicos, y 28 son casos específicos de criminalización de la protesta”. Abundó que, por lo que se refiere a las detenciones arbitrarias y otras violaciones de debido proceso, la red documentó que entre junio de 2007 y mayo de este año se registraron 201 acciones penales contra líderes sociales, integradas de la siguiente forma: “44 averiguaciones previas en integración, 73 procesos penales iniciados, 75 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse y nueve expedientes cerrados por resoluciones favorables”. Cortez destacó que en el documento que elaboró la Red Todos los Derechos para Todos se resalta que otra preocupación de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos es la militarización de la vida social: “Se militariza la vida civil para que sea el Ejército Mexicano quien enfrente la protesta y el descontento social”. En ese contexto, apuntó que “en el Operativo Conjunto Chihuahua que realiza el Ejército Mexicano en esa entidad, la Procuraduría General de la República ha informado que tiene 40 órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de organizaciones civiles, por haber participado en diferentes actos de protesta. “La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, ha confirmado que el Ejército Mexicano ha cometido arbitrariedades contra la población civil, no sólo en el área rural del estado, donde es más difícil denunciar y hacer públicos estos abusos, sino en ciudades importantes. Dicha comisión tiene radicadas 13 quejas por violaciones a los derechos humanos, por tortura”, hasta junio de este año. En el operativo conjunto en el que participan los tres niveles de gobierno, se han cometido al menos 23 casos de abusos militares. “Hasta el mes de agosto pasado iban 130 ejecuciones y mil 26 homicidios”. En Tamaulipas, entre enero y octubre de 2007 “los militares realizaron 89 cateos en el estado; 73 de ellos fueron inconstitucionales. Se reportaron 33 personas detenidas; no se hace mención de que hayan sido detenidas en flagrancia. Hay registro de tres personas asesinadas, cuatro heridos y seis torturados”. Cortez y Vega destacaron que es importante que el Estado mexicano acate cabalmente las recomendaciones que han emitido los distintos mecanismos de derechos humanos y “lleve a cabo todas las acciones necesarias para garantizar el respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas en firmas y ratificaciones de los numerosos tratados de los que el país forma parte”. Esto debe ir acompañado, aseveraron, de evaluaciones cualitativas sobre los resultados de las acciones desarrolladas, con el propósito de asegurar una efectiva mejora en el goce de los derechos humanos y poner fin a la impunidad para poder disfrutar de un verdadero estado de derecho. Informaron que han entregado a diversas embajadas copias de los informes sobre la situación de los derechos humanos, para que exijan al gobierno mexicano que “cumpla con sus compromisos internacionales” http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=politica&article=010n1pol

En vísperas de la evaluación que anualmente realiza la Organización de Naciones Unidas en materia de vigencia de derechos humanos en el mundo, el panorama mexicano en este ámbito es angustioso y exasperante. De acuerdo con un informe dado a conocer por la red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, la falta de vigencia de derechos sociales, económicos y culturales, la persistencia de la impunidad y los ataques a la libertad de expresión siguen siendo una realidad cotidiana y lacerante. Uno de los aspectos más alarmantes en este entorno de falta de respeto al estado de derecho, por parte de quienes debieran hacerlo cumplir, es la cada vez más frecuente y extendida criminalización de la protesta social. El más reciente episodio de este desvío del poder público –en el que concurren autoridades federales, estatales y municipales– tuvo lugar, cabe recordarlo, el mes pasado, durante la represión contra los maestros disidentes, cuando policías federales y estatales incurrieron presuntamente en detenciones arbitrarias, tortura y privación ilegal de la libertad, entre otros ilícitos. El gobierno calderonista, incapacitado para brindar seguridad pública y para garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, ha recurrido a una militarización sin precedente de las tareas policiales y ha actuado con indebida tolerancia ante los atropellos que las fuerzas castrenses y las policiales cometen contra los civiles en el contexto de un pretendido combate a la criminalidad, que no ha contribuido a reducirla en forma significativa, pero sí ha provocado un incremento a las violaciones de los derechos humanos, y que es visto por numerosos sectores como un operativo cuyo propósito real es intimidar a las legítimas expresiones de descontento político y social. Es decir, lejos de fortalecerse la legalidad, debilitan uno de sus aspectos fundamentales: la observancia por las autoridades de las garantías y las libertades individuales y sociales. El embate contra los derechos humanos en el México actual tiene entre sus componentes principales la mentalidad autoritaria del grupo gobernante y su doble rasero característico: hay disposición para investigar y sancionar la tortura cuando quienes la practican son secuestradores, pero no cuando la practican policías, y se condena la violación y otros delitos sexuales siempre que sus autores materiales no sean integrantes de las fuerzas del orden. Por otra parte, las autoridades nacionales no han sido inmunes a la devastadora tendencia regresiva en materia de derechos humanos impuesta por la administración de George W. Bush en el mundo, en el contexto de su supuesta “guerra contra el terrorismo”: para la Casa Blanca, cualquier atrocidad está justificada si se comete contra individuos a los que el propio gobierno estadunidense ha considerado sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas, y con el pretexto de combatirlas el Poder Ejecutivo de la nación vecina ha emprendido una gravísima reducción de las libertades civiles y las garantías individuales. Otro tanto ha hecho en México el gobierno federal, con el argumento de que el marco legal concedía ventajas a los delincuentes. Más allá de las motivaciones, el hecho es que, con su desdén selectivo ante los ordenamientos jurídicos, el grupo gobernante, lejos de presentar una imagen de autoridad y apego a la ley, acrecienta el déficit de legitimidad que lo afecta de origen. Hasta por consideraciones políticas elementales, por no hablar de las éticas y de las legales, a la actual administración le es necesario emprender en este terreno, como en otros, un viraje inequívoco, a fin de empezar a remontar la catástrofe de derechos humanos en que se encuentra el país tras ocho años de presidencias panistas. http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=opinion&article=002a1edi