En el segundo día del primer Encuentro popular sobre agua, energía y alternativas energéticas, representantes de movimientos sociales afectados por la explotación de minas, hidroeléctricas, corredores eólicos y los cobros elevados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intercambiaron experiencias sobre sus luchas que han emprendido contra el gobierno federal.

Sigue CFE con estrategias de división para imponer obras, acusan afectados Daniel Velázquez En el segundo día del primer Encuentro popular sobre agua, energía y alternativas energéticas, representantes de movimientos sociales afectados por la explotación de minas, hidroeléctricas, corredores eólicos y los cobros elevados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intercambiaron experiencias sobre sus luchas que han emprendido contra el gobierno federal. Reunidos en la primaria Revolución Social, ubicada en Aguacaliente, unos 200 participantes se distribuyeron en tres mesas de trabajo para exponer sus acciones, los obstáculos y los logros obtenidos. Participan representantes de Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Veracruz y Guerrero, donde el gobierno federal impulsa proyectos y se ha enfrentado a la resistencia de los pobladores. Allí relataron las consecuencias que dejó en sus comunidades la imposición de proyectos como el aumento de la temperatura, la pérdida de mantos freáticos y el desplazamiento de cientos de familias. Coincidieron en que la CFE utiliza las mismas estrategias de negar información, presentar sólo los beneficios y ocultar los perjuicios, dividir a los pueblos y ofrecer “esperanzas” a los vecinos de que les dará empleos. El encuentro se trasmitió por radio en la frecuencia 107.3 de FM. Primero se expusieron los temas de manera general y después se organizaron tres mesas de trabajo: resistencia contra las minas, resistencia contra los megaproyectos y resistencia contra las altas tarifas de la CFE. Los afectados En la mesa sobre la resistencia a los megaproyectos, unas 60 personas expusieron sus experiencias contra la CFE, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los gobiernos estatales, la corrupción de los abogados y los abusos contra comuneros y ejidatarios de parte del gobierno federal en su afán de imponer presas o corredores eólicos. Alicia Castañeda Contreras relató su experiencia con la presa El Cajón, en Nayarit, donde se enfrentaron a la división de los pueblos, los abusos de la CFE y la corrupción de un despacho de abogados presuntamente especialistas en derecho ambiental. Contó que en las comunidades aledañas a donde se construyó la presa la temperatura ambiental aumentó de los 25 grados centígrados a 30 grados y se secaron 130 ojos de agua. Agregó que se perdieron nueve especies de ciruelos endémicos, plantas medicinales y quedaron inundadas las madrigueras de los tigres que durante años el gobierno estatal pregonó en Nayarit su cuidado. Ana María García Arreola, representante de los opositores al proyecto de la presa de Río Verde, Oaxaca, indicó que son 50 comunidades de ese estado las afectadas con el proyecto de la CFE, la cual no ha hecho asambleas con las lenguas que ellos hablan, como mixteco y chatin, en los pueblos y les niega la información escrita. De los afectados por el proyecto de La Parota, el vocero Marco Antonio Suástegui indicó que se deben unir en la defensa de sus tierras y evitar que los pueblos discutan entre sí porque eso le da ventaja al gobierno federal para imponer sus proyectos. Dijo que primero deben acordar en sus asambleas que no van a vender sus tierras y seguir en la lucha jurídica y social, y recomendó a los afectados de proyectos similares bloquear los caminos para evitar que el proyecto avance. Gabriel Espinoza Iñiguez, de Temacapulin, Jalisco, contó que la Conagua quiere hacer una presa para llevar agua a los altos de Jalisco y Guanajuato como parte del proyecto Lerma-Santiago-Pacífico. Convocó a los participantes a elaborar un manifiesto a nivel nacional firmado por todos en el que manifiesten su rechazo a la política hidroeléctrica de privatización del agua. Betina Cruz Velázquez, representante de los opositores al corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, entre los estados de Veracruz y Oaxaca, indicó que el proyecto ya está avanzado y que ahora las actividades agropecuarias van a ser desplazadas porque las propiedades de la mayoría de los indígenas son de una hectárea. Señaló que el proyecto afecta a ocho pueblos, zapotecos, ikoots, zoques, mixes, mixtecos, mazatecos, chinantecos y chontales. Compromisos con Estados Unidos, el FMI y el BM En su participación con la conferencia La defensa de los recursos energéticos. El comercio ilegal de la energía eléctrica, las figuras de cogeneración, autoabastecimiento, producción independiente por un nuevo modelo energético al servicio del pueblo y no del capital, el secretario del Exterior y vocero del SME, Fernando Amezcua, informó que se tiene una propuesta en el Congreso para que se aplique una “tarifa social” al servicio de energía eléctrica y se retire el subsidio a los industriales. Explicó que la propuesta del SME es que se regrese a las tarifas que aplicaba la CFE en 1992, que se retire el subsidio a los industriales y que los primeros 50 kilowatts sean gratuitos para los ciudadanos y la CFE empiece a cobrar a partir del 51 kilowatts. También expuso que el país tiene un excedente del 40 por ciento de energía eléctrica, por lo que la construcción de hidroeléctricas no tiene otra justificación más que entregar el excedente de la energía eléctrica a Estados Unidos. Una de las observaciones que hizo Amezcua Castillo es que en el área de influencia del proyecto de la presa La Parota hay “demasiada capacidad instalada” de la CFE, por lo que no sería útil la construcción de la presa. Indicó que la política del gobierno federal es para cumplir “compromisos” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Estados Unidos. “El gobierno mexicano es una pieza de grandes intereses”. También informó que Luz y Fuerza del Centro tiene un proyecto para procesar la basura y convertirla en gas para producir electricidad e hidrógeno que terminará en agua, que cuesta 300 millones de dólares y que se ha presentado a los gobiernos del Distrito Federal, estado de México e Hidalgo. http://www.suracapulco.com.mx/nota1e.php?id_nota=47713

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