Fueron amenazados desde el pasado miércoles y ninguna autoridad ha hecho nada: ONG

Oaxaca, Oax., 5 de diciembre. El municipio de Santo Domingo Ixcatlán, región de la Mixteca, vive un “estado de zozobra” desde la mañana del miércoles, cuando un grupo paramilitar priísta cerró los accesos a la población, denunció Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), quien criticó la apatía e indolencia de los gobiernos federal y estatal para poner orden en esa localidad. Los accesos a la población siguen obstruidos por unos 50 hombres encapuchados y armados que impiden la entrada y salida de vehículos y personas a pie, además de que no se ha restablecido la energía eléctrica, señaló. Dijo que el mismo miércoles, el grupo paramilitar expulsó a cinco agentes de la Policía Estatal Preventiva y emplazó a los 178 habitantes –para quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado al gobierno mexicano medidas cautelares– a salir del pueblo o, de lo contrario, serían asesinados. Explicó que los profesores de las escuelas y el personal del Centro de Salud también fueron expulsados “con lujo de violencia” por los hombres armados. Expuso que los hechos fueron denunciados ante la agencia del Ministerio Público con sede en Tlaxiaco, que inició la averiguación previa 125/TX/2008, pero “hasta el momento no se ha realizado ninguna diligencia para la detención del grupo armado”. Resulta increíble –subrayó– que el Estado mexicano no dé la debida importancia a las medidas cautelares solicitadas para los pobladores, a pesar de que por medio de sus representantes ha reiterado su disposición a garantizar la vida e integridad física de éstos, así como ejecutar las órdenes de aprehensión de los sujetos armados. “No sólo no se ha brindado seguridad a los pobladores, sino que tratan de confundir a la opinión pública con la mentira que están difundiendo de que no existen grupos de paramilitares, a pesar de todas las evidencias presentadas”, remarcó. Asimismo, responsabilizó a los gobiernos federal y estatal “de lo que pueda acontecer” en la población, porque el grupo armado amenazó que mañana empezará a asesinar a los pobladores y a derribar sus casas. Aseveró que la CIDH ha solicitado al Estado mexicano un informe detallado sobre los hechos, por no atender las medidas cautelares dictadas. Precisó que el organismo internacional otorgó las medidas cautelares MC-113-08 a 178 pobladores por estar en riesgo su vida e integridad física ante las amenazas de muerte del mismo grupo, después de los asesinatos de los pobladores Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, ocurridos el pasado 30 de abril, por oponerse a la venta de tierras del pueblo a su vecino Chalcatongo de Hidalgo –con el que tienen un conflicto agrario– a cambio de 40 millones de pesos y otro monto no definido para proyectos productivos. A todo esto, Joaquín Rodríguez Palacios, subsecretario general de Gobierno, dijo que la policía no se ha retirado de Santo Domingo Ixcatlán y rechazó que haya un grupo armado. “Es un grupo de vándalos y asaltantes que estaban armados, pero que ya son buscados por las corporaciones policíacas”, señaló. Mencionó que los hombres armados aparecieron en Santo Domingo Ixcatlán “ante la ausencia de la Policía Estatal Preventiva que habían salido a realizar un rondín” en los límites con Chalcatongo de Hidalgo. “El grupo se presentó pretendiendo sorprender la buena fe de los habitantes de la comunidad”, pero se retiró del lugar ante el regreso de los agentes a la población, indicó. Destacó que la policía estatal no se retirará de esa municipalidad, sino por el contrario se fortalecerá la vigilancia con integrantes del Ejército Mexicano, quienes también realizarán recorridos en la zona. “El reporte que tenemos desde la tarde de ayer es que todo está normal, la gente realiza sus actividades de manera cotidiana y sin ningún problema”, aseguró. http://www.jornada.unam.mx/2008/12/06/index.php?section=politica&article=021n1pol

Amenazan con matar a pobladores si el gobierno no libera a ex alcalde JUCHITÁN, Oax.— La irrupción de un grupo armado paramilitar no identificado a mediados de la semana en el municipio de Santo Domingo Ixcatlán, tensó la situación política que se vive desde abril pasado, cuando fueron asesinadas tres personas en esa región de la Mixteca oaxaqueña. Ixcatlán es uno de los 60 municipios del estado donde permanecen tomadas oficinas y edificios públicos por grupos opositores que exigen la desaparición de poderes locales, revocación de mandatos a ediles o que reclaman más recursos y obras públicas. El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a los Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, dijo que en Ixcatlán los encapuchados, que se desplazan por la zona desde el martes pasado, amenazaron con matar a pobladores si el gobierno no liberaba al ex alcalde del lugar, Fredy Morales Arias. El ex munícipe está detenido en el penal de Ixcotel desde mayo pasado, acusado de asesinar a Gustavo Castañeda, Melesio Martínez e Inocencio Medina, el 30 de abril de este año. La Cedhapi indicó que el grupo armado expulsó a los cinco policías preventivos de la localidad, desalojó a maestros de las escuelas y a médicos y enfermeras de la Casa de Salud, además de cortar el suministro de energía eléctrica. Oficialmente se informó que el administrador de la comuna nombrado por el gobierno de Oaxaca, Gabriel Carrasco, no despacha en la localidad. El subsecretario de Gobierno del estado, Joaquín Rodríguez Palacios, señaló que se trata de bandidos robavacas que se aprovechan de la conflictiva situación en esa comunidad, donde además del problema político interno, mantiene desde 160 años la disputa de unas mil 300 hectáreas con sus vecinos de Chalcatongo de Hidalgo. El funcionario dijo que policías preventivos con el apoyo del Ejército mexicano patrullan la zona de Ixcatlán para garantizar la seguridad de los pobladores y detener a los bandoleros, que durante 48 horas cerraron el paso hacia Ixcatlán, reabierto ayer viernes. Inestabilidad social Actualmente, en la compleja radiografía política de Oaxaca, en 60 de los 570 municipios del estado prevalecen conflictos luego de 11 meses de que los alcaldes asumieran sus cargos, y que, según el secretario de Gobierno del estado, “generan inestabilidad y atrasos”. En 20 de esos municipios se exige la desaparición de poderes y la revocación del mandato a los respectivos ediles, según el coordinador de la bancada del PRD en la entidad, Jesús Romero. En otros 20, las agencias municipales “reclaman a los ayuntamientos la entrega o ampliación de los recursos económicos o exigen que se ejecute la obra pública”, explicó el secretario de Gobierno, Rodríguez Palacios. Los regidores de representación proporcional de otras 20 alcaldías, reclaman su integración a los ayuntamientos, o que el Congreso estatal suspenda las participaciones económicas a los ayuntamientos debido a presuntas irregularidades en el manejo del dinero. También hay casos de “inestabilidad política” generada por los conflictos agrarios entre las comunidades vecinas, y según el legislador perredista, “en varios municipios gobernados por la oposición, los dirigentes priístas chantajean a los alcaldes con la retención de las participaciones económicas, para que se pasen a las filas del PRI”. De acuerdo con el subsecretario de Desarrollo Municipal del gobierno de Oaxaca, Javier Fuentes Valdivieso, como resultado de esos conflictos, “en otras 11 comunas el Congreso local ha facultado al gobernador para designar a los administradores”. http://www.eluniversal.com.mx/estados/70332.html