Portavoces de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, que no están de acuerdo con la construcción de una fábrica de la empresa "Cementos Progreso" en la finca "San José Ocaña", en medio de su territorio, pronuncian nuevamente sus preocupaciones por tanta amenaza y represión: " Ya estamos cansados. Nunca hemos vivido una vida tan desagradable como desde el momento que entró la empresa en nuestras comunidades."

En una conferencia de prensa, el 5 de diciembre de 2008, las comunidades dieron a conocer la difícil situación que tienen que enfrentar día tras día. En el transcurso del último año sufrieron tres incursiones policiacas y militares, en las cuales los elementos de seguridad violaron fuertemente los derechos de las y los pobladores. Usaron bombas de gases lacrimógenos, robaron y abusaron a las y los campesinos (robaron tiendas y casas particulares, mataron a animales, violaron a mujeres) y capturaron a un total de 65 personas. Daniel Pascual, coordinador general del CUC, que también es miembro de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib'Kej, aclaró que se trata de una represión por el Estado como tal, porque actúa la policía, el ejército y toda una estructura del estado. Por la liberación de los y las presos políticos ya se pagó casi 300 mil quetzales en fianzas. Actualmente se llevan más que 70 procesos penales por "compañeros que jamás han cometido ningún delito, que solamente estamos defendiendo nuestros derechos", confirma uno de los portavoces. Los abogados, que están acompañando el proceso de las 12 comunidades en defensa de su tierra y la vida, han sufrido fuertes amenazas, lo que dificulta su trabajo. Entre los procesos penales que ellos están acompañando también apoyaron a las comunidades en realizar la consulta comunitaria el 13 de mayo del año 2007, que tuvo como resultado un rotundo rechazo al proyecto, con 8946 votos en contra y 4 a favor. A pesar de todos los daños que están sufriendo, las comunidades creen en el diálogo y las y los portavoces se reúnen periódicamente con los empresarios en una mesa de acercamiento, en la cual primeramente se pide llegar a una igualdad de condiciones entre empresa y comunidades. Esto implica, primero: la descriminalización de las y los campesinos en defensa de sus derechos; segundo: investigaciones imparciales sobre los impactos al medioambiente y la salud, tanto como las consecuencias a nivel social, económico y cultural; y tercero: rendir toda la información sobre los planes y el trabajo de la empresa. Pero en lugar de tomar en cuenta y respetar los acuerdos que se toman en la mesa de acercamiento, las comunidades analizaron que la empresa lleva 3 agendas: Nos entretienen en la mesa de acercamiento. Mientras tanto siguen con las actividades de construcción en el área. Además siguen con las provocaciones y la persecución en las comunidades. "Se pintan que son buenos empresarios, pero actúan en una manera inhumana", concluye uno de los portavoces. Con la captura de Porfirio Cotzajay Díaz, el 2 de diciembre del año 2008, actualmente se encuentran cuatro personas presos. El 10 de noviembre del mismo año cuerpos de seguridad dispararon a un picup de pobladores de la comunidad Santa Fe Ocaña y hirieron a cuatro personas, uno perdió su ojo. Ya se inició la construcción en la finca San José Ocaña y actualmente se está abriendo una nueva carretera lo que dejó una casa habitada a como dos metros de un barranco causado por la construcción. Las comunidades denuncian que el responsable de muchas de las provocaciones, amenazas y represión es el grupo Tepeu, que es una minoría que no representa a la postura de las comunidades. Este grupo se formó después de la muerte de Francisco Tepeu, quien perdió la vida en incidentes confusos el 21 de junio, lo cuál fue la excusa para que el Presidente Álvaro Colom declare el estado de prevención en las comunidades afectadas, del 22 de junio al 6 de julio del 2008. Los integrantes del grupo Tepeu son sobre todo trabajadores de "Cementos Progreso" que actúan según los intereses de dicha empresa. Para poder seguir en un proceso de acercamiento, las comunidades piden que el Estado cumpla con su responsabilidad de investigar todas las violaciones que ya se han dado, que se esclarezcan los actos del grupo Tepeu y el grupo paramilitar ya que actualmente se cuenta con 15 muertos en el lugar y que el gobierno deje de actuar con doble moral. "Nosotros lamentamos mucho que una familia, la familia Novella, que es tan pequeña en número, pero tan grande económicamente, nos hace tanto daño", resume Juan Antonio Saban, quien fue preso político por más que tres meses.