Policías ministeriales los interceptaron afuera de una secundaria, según el centro Tlachinollan
Los activistas habían denunciado abusos del Ejército en comunidades; dirigentes demandan presentarlos con vida y respetar sus garantías individuales
La PIM se deslinda de las capturas

Chilpancingo, Gro., 14 de febrero. Presuntos agentes de la policía investigadora ministerial (PIM) detuvieron en el municipio de Ayutla de los Libres a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y activista –respectivamente– de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco (ODPM), que ha denunciado abusos y atropellos del Ejército en comunidades na’savi, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Lucas Lucía fue detenido por tres supuestos policías a las 13:15 horas del viernes, fuera de la escuela secundaria Plan de Ayutla, a un lado de la carretera que va de Cruz Grande a Tierra Colorada, mientras esperaba a su esposa Guadalupe Castro Morales, quien como regidora del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto público en ese plantel. Los policías llegaron en una camioneta negra y, sin identificación ni orden de aprehensión buscaban llevarse a Manuel Ponce pero al intervenir Raúl Lucas también fue sometido y detenido. El centro Tlachinollan responsabilizó al gobierno del estado de su integridad física y exigió su presentación con vida y el pleno respeto a sus garantías individuales. Sin embargo, Erit Montúfar Mendoza, director de la PIM, rechazó que agentes de esa corporación haya detenido a los dos mixtecos: “nos deslindamos, incluso ya instruí a mi coordinador en la Costa Chica para que informe de lo que haya sucedido, pero nosotros no hemos llevado a cabo ninguna aprehensión el viernes pasado en ese municipio”, dijo. El general Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad y Protección Civil, dijo que hasta las 19 horas de este sábado tampoco él tenía ninguna notificación ligada con la detención. El priísta Armando García Rendón, alcalde de Ayutla de los Libres, dijo: “tengo la información de que ninguna autoridad de gobierno detuvo a los dirigentes indígenas; yo ando en el estado de Veracruz, pero voy para Guerrero, y me he comunicado por teléfono con las autoridades y esa es la información que tengo: ya que me dijeron que no había ninguna orden de aprehensión en su contra, pero no me han reportado si ya los liberaron”. Pero Castro Morales, esposa de Lucas Lucía, confirmó que después de las 13 horas del viernes llegaron tres sujetos en una camioneta y sin presentar orden de aprehensión se llevaron a su esposo y a Manuel Ponce. “Yo me he comunicado con diversas autoridades y nadie sabe nada de su paradero; fui incluso a la cárcel de aquí de Ayutla y no están, lo mismo que en los hospitales: supuestamente nadie sabe nada”, agregó. Dijo que desde hace más de 10 años Raúl Lucas ha trabajado en forma coordinada con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en defensa de los derechos humanos de unas 32 comunidades mixtecas ubicadas en la zona de la Costa Chica y Montaña, del municipio de Ayutla de los Libres. Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (tlapanecos), dijo que “con la detención del compañero Raúl Lucas se evidencia que el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca Galindo está criminalizando la lucha social, encarcelando a los dirigentes indígenas”. Abel Barrera Hernández, coordinador de Tlachinollan, recordó que Raúl Lucas, junto con indígenas tlapanecos crearon en 1994 la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos mediante la cual comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente los atropellos en que habían incurrido los militares en varias comunidades. En 2002 los dos pueblos decidieron unirse bajo el nombre de Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco para impulsar el trabajo organizativo en esa región; a través de ésta Lucas ha continuado exigiendo el respeto a los derechos del pueblo mixteco en busca de transformar los escenarios de terror y violación constante a los derechos humanos por parte del Ejército y las corporaciones policiacas. http://www.jornada.unam.mx/2009/02/15/index.php?section=estados&article=026n1est

La injustificada detención de Raúl Lucas Lucía y Miguel Ponce Rosas –activistas de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco y cuyo paradero es hasta ahora desconocido–, realizada el pasado viernes en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por presuntos policías de esa entidad, es un botón de muestra de la desastrosa situación que enfrenta el país en materia de respeto a las garantías individuales y vigencia de la legalidad, de la cual da cuenta el reciente informe realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otras cosas, el documento exhorta al gobierno federal a erradicar las inveteradas prácticas de tortura y abusos cometidos por elementos del Ejército y de las corporaciones policiales; a combatir la impunidad que gozan las autoridades involucradas en los atropellos en contra de la sociedad; a armonizar la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; a ajustar el código militar a las obligaciones internacionales del país; a reformar el sistema de justicia y seguridad pública, y a poner fin al sistema de arraigo, práctica que rompe con el principio constitucional de presunción de inocencia. La aplicación de tales medidas, y de otras orientadas a restituir la vigencia de los derechos humanos, resulta de obvia necesidad ante la persistencia de excesos represivos y autoritarios, y ante las constantes violaciones a las garantías básicas cometidas por las instancias gubernamentales y ampliamente documentadas por diversos sectores de la sociedad y organismos humanitarios. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos de todos los niveles, empezando por el federal, no han dado signos de capacidad ni voluntad para avanzar en esa materia. Al inicio del sexenio anterior, Vicente Fox pretendió mostrarse ante la opinión pública nacional e internacional como un gobernante respetuoso de las garantías individuales. Pero los hechos ocurridos en la segunda mitad de su administración mostraron conductas opuestas a las que Fox reivindicaba en los discursos, y pusieron en evidencia un régimen represor y proclive a criminalizar la protesta social en forma frecuente y extendida: así ocurrió con las torturas sufridas por manifestantes altermundistas en mayo de 2004 en Guadalajara, Jalisco, entidad entonces gobernada por Francisco Ramírez Acuña –primer secretario de Gobernación calderonista–; y con los actos de represión que tuvieron lugar en Texcoco y San Salvador Atenco, en Sicartsa y en Oaxaca, a finales de la administración foxista. En poco más de dos años del actual ciclo de gobierno, el tema de los derechos humanos ha sido relegado a un lugar marginal del discurso oficial, y las autoridades federales, lejos de hacer algo por esclarecer y castigar los abusos cometidos en el sexenio anterior, han propiciado el agravamiento del estado de las garantías individuales, se ha continuado con la aberrante práctica policial de “fabricar” culpables y criminalizar a los disidentes, y se ha garantizado la impunidad de gobernadores como los de Puebla, Mario Marín; Oaxaca, Ulises Ruiz, y estado de México, Enrique Peña Nieto, señalados como violadores prominentes de los derechos humanos. Por añadidura, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, se han cometido graves atropellos en contra de la población civil, a pesar de los cuales la administración calderonista ha sido renuente a modificar una política de seguridad que, por lo demás, ha demostrado ineficacia para mejorar las condiciones de seguridad pública. Con ello, ha quedado en evidencia un doble rasero por parte del gobierno federal, que se dice dispuesto a perseguir los graves delitos perpetrados por las organizaciones criminales, pero no hace lo propio con las ofensas a la sociedad que cometen quienes supuestamente debieran hacer cumplir la ley. La situación de los derechos humanos en el país constituye un factor de alarma para la población en su conjunto, un elemento adicional de exasperación social y un lastre fundamental para el cumplimiento del estado de derecho. Es obligado, en suma, que las autoridades atiendan esta circunstancia, si no por elementales consideraciones éticas y legales, sí al menos por razones políticas y de imagen, pues un régimen que no respeta las garantías individuales resulta impresentable ante su propia población y ante el mundo. http://www.jornada.unam.mx/2009/02/15/index.php?section=opinion&article=002a1edi