Los mapuche en Chile continúan la lucha por la recuperación de su territorio, mientras la respuesta del gobierno de Michelle Bachelet a la reapropiación de sus tierras ancestrales es la represión y el encarcelamiento. El pasado 11 de septiembre, informó la organización Meli Wixan Mapu, las comunidades Lleu lleuche iniciaron un nuevo proceso de recuperación de “las tierras que pertenecieron a nuestros abuelos y hoy están en manos del latifundista y empresario Eduardo Campos”.
La reacción de la prefectura de carabineros de Arauco no se hizo esperar y de inmediato se ordenó el desalojo de la propiedad usurpada por Campos. Un contingente de la policía fuertemente armado enfrentó a los comuneros ma-puche, en una acción que no consiguió amedrentar a los indígenas, quienes declararon que continuarán recuperando lo que les pertenece, “hasta liberar el último metro de tierra del Territorio. Seguiremos entrando a los predios, con la firme convicción de llevar nuestra digna pelea adelante”.
En la zona del Arauco unos 30 comuneros mapuche ingresaron a una finca de la familia Bayer, asentada en la comuna mapuche de Ercilla, donde incendiaron los matorrales y árboles del predio. Los propietarios respondieron con disparos a quemarropa, hiriendo a varios de los mapuche. “Es la única solución para que terminen las tomas”, declararon los propietarios a Radio Bio Bio. Los carabineros se dedicaron a observar la refriega, avalando la actuación de los finqueros que actuaron por cuenta propia y posteriormente intentaron detener a los comuneros, quienes finalmente pudieron salir del predio.
La nueva oleada de recuperación del territorio mapuche ha estado acompañada de una serie de protestas en el sur de Chile, como medida de presión para obtener los títulos de propiedad de sus tierras. En Santiago, el dirigente mapuche Manuel Calfuqueo declaró que la Alianza Territorial Mapuche rechaza dialogar con intermediarios del gobierno y anunció una marcha en Temuco, capital regional de La Araucanía, en apoyo a la familia del indígena fallecido hace dos semanas tras recibir un disparo de la policía durante el desalojo de una finca.
En los años noventa la lucha de los mapuche por la recuperación de sus tierras tomó un nuevo giro con un decreto que complicó la ya grave situación. Un decreto sobre empresas forestales en que el Estado chileno se compromete con los consorcios madereros que compraron, o simplemente usurparon, extensas tierras agrícolas propiedad de parceleros mapuche. Las pequeñas y medianas comunidades mapuche fueron rodeadas en una especie de cárcel al aire libre, ya que las plantaciones de pino y eucalipto secan las fuentes de agua, contaminan y agotan los suelos y vulneran, en resumen, el derecho a la vida de todo un pueblo que es expulsado para darle paso a las plantaciones.
El problema de las forestales, aunado a la explotación del territorio por transnacionales de todos los giros y al desprecio absoluto por la cultura indígena, revitalizó a las organizaciones mapuche existentes y provocó el nacimiento de otras que iniciaron a partir de 1995 una serie de movilizaciones tendientes a reclamar los derechos históricos sobre su territorio, denunciando a los consorcios nacionales y transnacionales que lo ocupan y explotan.
La represión institucional paralizó por un momento las movilizaciones, mismas que tomaron un nuevo impulso en los últimos meses. Radio Universidad de Chile divulgó que diversos representantes de agrupaciones civiles y dirigentes mapuches se reunieron en la capital chilena, donde exigieron que cese la represión del gobierno de Bachelet. Jorge Calfuqueo, Lonko lafkenche, declaró a la radio “que las demandas del pueblo mapuche son los derechos territoriales, el fin de los megaproyectos de transnacionales insertos dentro de sus tierras, la derogación de la Ley Antiterrorista, la libertad a los presos políticos recluidos en diversos penales del sur, la desmilitarización del territorio mapuche y el reconocimiento a su autodeterminación nacional”.
Por su parte, Jaime Marileo, preso político mapuche, señaló en entrevista con el periódico Azkintuwe, que la presidenta chilena “sólo dialoga con los inversionistas y latifundistas que están en el territorio mapuche para proteger sus intereses económicos, ejerciendo represión de diferentes formas… ¿Acaso somos nosotros los que ejercimos primero la violencia? Tenemos derecho a la legítima defensa. Pienso que seguirá pasando lo mismo, porque el modelo económico que existe y se aplica en territorio mapuche no respeta a nada y a nadie, lo único que se respeta es el dinero. Cada comunidad lucha como estima conveniente. Se han buscado las instancias de diálogo y se han dado plazos al gobierno, pero este ha cerrado sus puertas y tampoco ha cumplido sus compromisos”.
De acuerdo a datos de la organización Meli Wixan Mapu, existen actualmente cuarenta presos políticos mapuche (informes actualizados al primero de septiembre de 2009), todos ellos encarcelados y/o en proceso, por su participación en acciones que apuntan “a la reconstrucción del pueblo-nación mapuche, ya sea con la recuperación de tierras y/o ejerciendo control territorial sobre predios recuperados, acciones de resistencia ante la represión policial, así como las movilizaciones encaminadas a la reivindicación de los derechos políticos de su pueblo.
http://www.jornada.unam.mx/2009/09/21/oja149-mapuches.html |
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