Articulo sobre la Secuestrada Susana Beatriz Avalo de Argentina. "su sueno era venir a Chiapas," viaje que no pude realizar a raiz de su secuestro y tortura en Rosario, Argentina.

QUE SE VAYAN ELLOS Carlos del Frade El jueves 24 de abril, Susana Abalo, militante cristiana de la ciudad de Rosario fue secuestrada durante más de treinta horas y apareció en la terminal de colectivos de la localidad cordobeza de Bell Ville con signos de haber sido torturada en distintos lugares de su cuerpo. Para el Juez de Instrucción de la 11ª Nominación, Carlos Triglia, “se trató de una privación ilegítima de libertad producida por un grupo que todavía no se identificó”. El secuestro que sufrió Susana es el cuarto atentado físico que experimentó en los últimos siete meses. A dos días de las elecciones nacionales pareció ser una señal más nacional que provincial y estalló en el seno del gobierno de Carlos Reutemann y en los despachos del propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Eduardo Vicente Mirás. La angustia El teléfono sonó a la madrugada en el lugar en donde estaba Carlos Reutemann. -Hay que hacer algo. Esto no puede ser. Es muy serio -le dijo del otro lado de la línea el intendente rosarino Hermes Binner. En horas de la madrugada del viernes 25 de abril, a casi doce horas de la desaparición de Susana Abalo de la Facultad de Derecho de Rosario, los principales jefes de la policía provincial estaban demudados. Se los notaba contrariados. Esta vez no parecían involucrados en los sucesos aunque no explicaron por qué el custodio que estaba con la militante cristiano no vio ni dijo nada sobre su destino. A las seis de la tarde del jueves, una mujer que hasta hacía poco usaba silla de ruedas bajó las escaleras de la Facultad y se perdió en la esquina de Santa Fe y Moreno. Exactamente enfrente de donde funciona el Ministerio de Gobierno en la ciudad de Rosario, en el edificio de la ex Jefatura de Policía. En el aula quedaron una campera y su inseparable paquete de cigarrillos. A las 22.40 del viernes Susana apareció en Bell Ville. La llevaron a un hospital y desde allí regresó a la ciudad en la mañana del sábado en compañía de su esposo, Eduardo, también militante de la comunidad “Mensajeros de Jesús”, en pleno lejano oeste rosarino. Territorio compartido y disputado con punteros del peronismo provincial y con dealers de diferentes orígenes. Ese lugar es clave para entender el origen y la sucesión de atentados contra Susana. Al día de la fecha el juez Triglia no pudo reconstruir los pasos del secuestro, pero está convencido que se trató de un hecho de estas naturalezas cometido por un grupo operativo de conformación difusa, extraña. El juez se mostró sorprendido por la historia de los otros atentados. Una historia que, viene bien recordar, parece hundir sus raíces en lo peor de los años setenta. La banda de Aníbal Gordon -¿Qué hay detrás de las torturas y de los atentados contra Susana Abalo, la integrante de la comunidad Mensajeros de Jesús, que fue atacada dos días antes de cumplirse los treinta años de la masacre de Trelew? -preguntó este periodista. -Yo creo que está gente que es funcional a esto. Nosotros tenemos información de que en la provincia de Santa Fe hay un grupo operativo capitaneado por un apodado “Cacho” Gutiérrez, un reciclado también de la SIDE, ex comisario de la Policía Federal; con lugartenientes en esa banda, como el caso de Ruffo; el hijo de Aníbal Gordon; y que tendrían su base de operaciones en la ciudad de Frontera, cerca de San Francisco, en el límite con la provincia de Córdoba. Este grupo operativo tendría que ver en el hecho de agresión a Susana Abalo. Es decir que estamos en presencia de una organización mafiosa...La información que nosotros tenemos es que responderían a Enrique Alvarez. Esto lo denunciamos ante el juzgado de instrucción primera de los tribunales rosarinos, a cargo de la doctora Lurati. Todo esto tiene estado judicial. Nosotros fuimos amenazados y somos objeto de sanciones de manera permanente. Esto es muy grave...-respondió el oficial Alberto Martínez. El trabajador policial tiene razón, “esto es muy grave”. El 25 de octubre de 1988, el entonces fiscal Aníbal Ibarra acusó de asociación ilícita, en el expediente 2.231, a Oscar Miguel Herrador, Carlos Antonio Membrives, Rubén Darío González Figueredo, Otto Carlos Paladino, Marcelo Aníbal Gordon (hijo de Aníbal), Carlos Patricio Rizzaro, Jorge Omar Rizzaro, Eduardo Alfredo Rufo y Ernesto Lorenzo. Fueron procesados, además, Rubén Héctor Escobar, Alberto Oscar Iulleirat, César Estanislao Albarracín, Leonardo Miguel Save y César Alejandro Enciso. “Todos integraron el elenco estable de la Triple A”, sostiene Carlos Juvenal, en su notable libro “Buenos Muchachos”. El jefe de la banda ya había fallecido, Aníbal Gordon. Se les probó el secuestro de Julio Bárbaro y Juan Carlos Gallego, en el que fueron individualizados Aníbal Gordon, Marcelo, su hijo y Eduardo Ruffo. Los nombrados por el dirigente sindical policial santafesino como responsables de los atentados contra la militante cristiana Susana Abalo. También le privaron la libertad a Aldo Eduardo Cascallar que en 1984, siete años después de los sucesos, reconoció a Marcelo Aníbal Gordon. Privación ilegal de libertad, robo de automotor y lesiones en perjuicio de Guillermo Patricio Kelly. Los autores fueron Gordon y su hijo, Eduardo Rufo, Ernesto Lorenzo, Jorge Omar y Carlos Patricio Rizzaro. Kelly fue secuestrado el 25 de setiembre de 1983. Cuando fue liberado, luego de ser “retenido” en una casa operativa de Rosario, San Martín al 4800, acusó directamente a Aníbal Gordon y su grupo de tareas, “la brigada Panqueque”. Gordon formó parte de la Alianza Libertadora Nacionalista, justamente al lado de Kelly, se enroló en la Concentración Nacional Universitaria y luego se integró a la Triple A y a la inteligencia militar. Junto al general Otto Paladino, llegó a formar parte de la selecta custodia de Juan Domingo Perón cuando se entrevistó con el líder radical Ricardo Balbín. Era el 31 de julio de 1973 y los aires de Ezeiza anunciaban las furias de marzo del ’76. Fue uno de los 4 mil hombres que asaltaron Villa Constitución el 20 de marzo de 1975, cuando la empresa Acindar, bajo la presidencia de José Alfredo Martínez de Hoz, pagó cien dólares de plus a cada integrante de la policía y del ejército para “inventar” el primer centro clandestino de detención del país, en el albergue de solteros de la acería. Bajo su mando operacional estuvo la suerte de los detenidos de Automotores Orletti y también de sus órdenes dependían las maniobras de militares como el entonces capitán Cabanillas. Gordon, junto a Palladino, llegó a tener una agencia de seguridad privada, “Magister” y su “brigada Panqueque” fue relacionada con el robo a los tribunales rosarinos y los cuadros de Goya del museo Estévez. “El grupo se caracterizó por el uso de uniformes militares, portación de armas, simulación de autoridad pública, uso de documentos falsos y desplazamientos en autos robados”, cuenta Juvenal. En octubre de 1988 pidieron once años de prisión para Marcelo Gordon y nueve años y medio para Eduardo Rufo. La sentencia no fue dictada. Para los integrantes de Apropol, estos hombres, siempre relacionados con el Batallón 601 de inteligencia del Ejército, la SIDE y los restos de la Triple A, actúan en Santa Fe. Otra vez Las palabras de revistas, recortadas y pegadas sobre un papel, le llegaron el sábado 30 de noviembre. “Carterooo!!!. Tenés esta vez que elegir...villas o...más que juego definitivo tu entierro”, fue el mensaje. El martes 3 de diciembre, alrededor de las doce del mediodía, a pesar de la custodia policial, un grupo desconocido le tiró una bomba de estruendo por la ventana del dormitorio. Era el tercer atentado que sufrió Susana Abalo en lo que va del año. La militante de la comunidad cristiana Mensajeros de Jesús, en pleno corazón del oeste rosarino, lisiada y todavía con las cicatrices provocadas por el bisturí que la cortara el 20 de agosto, debió soportar ahora los efectos de una sordera momentánea y pequeñas quemaduras en una de sus piernas. -Creo que tiene suficiente custodia. Ahora veremos si con el móvil que tenemos podemos custodiar el frente y los fondos de la casa -dijo el comisario mayor, Jorge Pupulín, titular de la Unidad Regional II de La Santafesina SA luego del tercer atentado. Cuando sucedió el segundo atentado, en el baño de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, los dichos de los compañeros de Susana iluminaban pistas que todavía no se tuvieron en cuenta. -Uno es culpable por error o por omisión. No puede ser que el gobernador no diga nada, nunca nos reciba. Yo quiero que me explique por qué pasa esto con Susana y por qué no dijo lo que vio en la Casa Rosada que le causó espanto. Porque si es algo que le causó espanto debe ser un delito y en eso está la suerte de todos los argentinos. No veo la hora de sentarme con él para preguntarle - dijo Omar Isern, militante de las Comunidades Eclesiales de Base, integrante del Grupo Obispo Angelelli y amigo personal de Susana Abalo, la misionera laica de 46 años que en menos de cincuenta días fue torturada y golpeada en dos oportunidades mientras estaba custodiada por integrantes de La Santafesina SA. Dieciséis años atrás, Susana junto a su esposo Eduardo, llegaron al corazón de Villa Banana, una de las principales villas miserias rosarinas, en la zona oeste de la ciudad. Hacia 1986, el arzobispado todavía no tenía desarrollada la pastoral de las Comunidades, de allí que un grupo de laicos comenzaron a presentar trabajos en los barrios para que se activara esta rama de la Iglesia rosarina. “Mensajeros de Jesús” fue el nombre que se dieron los integrantes de la comunidad que empezó a funcionar a partir de 1988, siendo Susana una de las principales impulsoras debido a su tenacidad y vigor misionero. Organizaron una cocina comunitaria en la que almuerzan 450 chicos, aunque la ayuda que baja el gobierno provincial apenas alcanza para 273 pibes; impulsaron la formación de grupos especializados en derechos humanos, medio ambiente, recreación y todo lo relacionado con la liturgia católica. -Acá lo principal es que nadie se pone a pensar quién es el que viene a pedir ayuda, sino cómo se pueden solucionar los problemas. Y eso fue lo principal en lo que viene insistiendo Susana desde todo este tiempo -comentó Raúl “Rulo” Ríos, uno de los principales colaboradores y amigos de la misionera. A principios de agosto de este año recibieron las primeras amenazas telefónicas: “Déjense de joder con la gente”, era el mensaje repetido que escucharon Susana, Omar y Raúl. El 21 de agosto, tres personas se metieron en la casa de Susana, la picanearon, le cortaron la cara y la golpearon. Fue un hecho llamativo porque la mujer está en sillas de ruedas y la custodia impuesta por el Ministerio de Gobierno de la provincia se había ausentado por treinta minutos. Un trabajo realizado por especialistas, que sabían golpear y también conocían los rudimentos de la picana. Era la víspera de los treinta años de la masacre de Trelew. Cincuenta días después, el 10 de octubre, cuando Susana fue al baño mientras esperaba al profesor de la materia que cursa en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, una mujer, la misma que se había metido en su casa, ingresó al lavabo y la golpeó con profesional alevosía mientras la cortaba con una fina hoja similar a un bisturí. “Este es el aperitivo”, le dijo. Afuera alguien oficiaba de campana. Eran cerca de las diez de la mañana y la facultad estaba atestada de estudiantes. Todo había sido calculado. La custodia, una vez más, no se encontraba cumpliendo la consigna. “El gobernador Carlos Reutemann es el responsable de todo esto”, dijo Susana con su voz entrecortada a los distintos medios de comunicación que la entrevistaron durante toda la jornada. Fueron dos días después de otra fecha emblemática en la historia de la impunidad: el 8 de octubre de 1984, los tribunales provinciales de Rosario sufrieron el robo de los expedientes especiales de la CONADEP, donde figuraban los balances de las empresas que se beneficiaron con la matanza producida por el terrorismo de estado y los nombres de todos los agentes de civil que revistaban en los servicios de inteligencia de las fuerzas conjuntas. Por la tarde, grupos estudiantiles tomaron la Facultad de Derecho y pidieron la renuncia del Subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez; y del mismísimo Ministro de Gobierno, Carlos Reutemann. “Allí estábamos varios miembros de la comunidad Mensajeros de Jesús y nos llamó la atención que desde uno de los patrulleros de la comisaría segunda, nos miraba con una gran sonrisa uno de los oficiales que nosotros hicimos echar de la 13ª, que es la del barrio. Nos miraba y se reía de nosotros. Es decir que fue trasladado y ascendido, porque esos tipos que verduguean a nuestros pibes en Villa Banana, nosotros los logramos sacar pero después aparecen en los móviles de las comisarías más céntricas de Rosario. Entonces acá hay una complicidad enorme”, dijo Rulo con toda su bronca. A la hora de encontrarse con los supuestos investigadores del nuevo atentado contra Susana, Omar Isern les dijo que no había demasiado para imaginar. “Está claro que cuando las amenazas dicen que nos dejemos de joder con la gente, quieren decir que les molestamos en los negocios que otros tienen con la misma gente. Y ahí siempre aparecen punteros del PJ que responden distintas líneas. Y además, los policías que fueron trasladados y a los que siempre enfrentan las madres del barrio de manera organizada, son de la comisaría 13. Eso quiere decir que el universo para investigar es muy reducido, si es que realmente se quiere investigar”, sostuvo el militante cristiano que en los años setenta sufrió persecuciones y la desaparición de una pareja de amigos íntimos. Además de señalar las responsabilidades políticas del gobernador Carlos Reutemann en todo lo vinculado con la seguridad mínima para Susana Abalo, ambos integrantes de las Comunidades Eclesiales de Base de la zona oeste rosarina apuntaron la necesidad de contar con el arzobispo Eduardo Mirás. Los fantasmas del ’75, como en la provincia de Buenos Aires, también son agitados en Santa Fe. Una oscura señal que apunta al futuro.