El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas demandó la liberación de los campesinos detenidos arbitrariamente por agentes federales y estatales durante los desalojos que se efectuaron en la Reserva de Montes Azules.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 26 de agosto de 2007. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas demandó la liberación de los campesinos detenidos arbitrariamente por agentes federales y estatales durante los desalojos que se efectuaron en la Reserva de Montes Azules. En una acción urgente enviada a organismos nacionales e internacionales, el Centro denuncia que el gobierno de Chiapas provocó con los desalojos de cuatro poblados el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, por lo que existe el temor de nuevos desplazamientos por parte de autoridades estatales y federales. Informó que el 18 de agosto del 2007 se realizó un operativo simultáneo para desalojar a los pobladores de las comunidades Buen Samaritano (sin filiación de organización), y Nuevo San Manuel (también conocida como Nuevo Salvador Allende, y que se identifican como bases de apoyo zapatistas) en el municipio de Ocosingo, dentro de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. Informó que fueron detenidos de manera arbitraria los indígenas y campesinos: Mario López Gómez, Feliciano López Hernández, Juan Gómez López, Tomás Gómez López, Daniel Gordillo Trejo y a Jesús Gordillo Trejo. Ante tales eventos, personal del Centro de Derechos Humanos entrevistó el día domingo 19 de agosto, al grupo de familias desplazadas que habían sido trasladadas a la cabecera municipal de La Trinitaria, Chiapas, mismas que se mostraban emocionalmente afectadas. Según testimonios de las familias desplazadas, el día sábado 18 alrededor de las 8 de la mañana llegaron varios helicópteros (refieren que 4), de los cuales bajaron policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y de color negro. Los policías sacaron a la gente de sus casas de manera violenta, les jalaron del pelo y los aventaban para sacarlos de sus casas. Detalló que sin previo aviso, sin mostrarles ningún documento y sin explicación alguna, se los llevaron sin decirles a dónde. En las comunidades desalojadas juntaron a todas las familias, las formaron y las subieron a los helicópteros sin permitirles cargar pertenencia alguna. Posteriormente, personas vestidas de civil bajaron de los helicópteros. Las familias explican que luego de sacarlos en helicópteros, los subieron a un camión de la policía sectorial y al llegar a una “frontera” (a los alrededores de La Trinitaria) bajaron a los hombres mayores de edad y se los llevaron a otro lugar (posteriormente confirmaron que fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía General en Tuxtla Gutiérrez). Mientras tanto a las mujeres, niños y dos hombres jóvenes los llevaron al Auditorio “Salomón González Blanco”, en la cabecera municipal de La Trinitaria. Al día siguiente, el domingo 19 de Agosto, alrededor de las 4:30 de la tarde trasladaron a todas las familias (la mayor parte son mujeres y niños) a la Quinta Santa Isabel, en el Barrio de Pamalá del municipio de La Trinitaria. El predio desalojado quedó resguardado por la Policía de Seguridad Pública del Estado (Policía Estatal Preventiva) con apoyo de la Policía Municipal de La Trinitaria. Los 6 detenidos, que hasta el momento siguen en Tuxtla Gutiérrez, están acusados de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego, (todos estos delitos en el fuero local, aunque las autoridades dicen que van a iniciar el desglose por delitos federales). Hasta el momento no habían decidido si serían consignados, arraigados o liberados. Por la información que recibió el Centro, el domingo 19 de agosto hubo otro operativo en la Comunidad “El Innominado” (Averiguación Previa No. ZS96/12/2007) que no resultó con detenciones, sin embargo, es posible que esté también resguardado como los otros dos predios. Ante tal situación, demandó la libertad de los detenidos, cancelar las investigaciones y acusaciones en su contra; indemnizar y reparar el daño ocasionado a las familias por el desalojo de las comunidades; procurar como lo establece el artículo 11.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que las familias afectadas alcancen un nivel de vida adecuado, incluyendo la alimentación, vestido y vivienda y a una mejora continúa de sus condiciones de existencia. Exigen al gobierno cesar cualquier intento de desalojo en Montes Azules, considerando las recomendaciones del Relator Especial sobre la Situación de Los Derechos Humanos y Las Libertades Fundamentales de Los Indígenas de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen.

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Desalojados de Montes Azules son albergados en zona insalubre Elio Henríquez/San Cristóbal de Las Casas, Chis. l Organismos no gubernamentales informaron que 33 indígenas desalojados con la fuerza pública de Montes Azules en días pasados, fueron albergados en una casa que hasta hace un año funcionó como prostíbulo y bar, cerca del basurero del municipio de La Trinitaria. Luis Menéndez, miembro de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz) y del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, dijo que en el lugar -donde fue encontrada una culebra de dos metros de largo- está en condiciones “insalubres y no apto para ser habitado”. Añadió que un joven de 17 años tiene varicela, y en el grupo dos mujeres probablemente están embarazadas, por lo que el caso les representaría un riesgo grave. El pasado 18 de agosto agentes federales y estatales desalojaron por la fuerza a varias familias que vivían en los predios Nuevo Salvador Allende y El Buen Samaritano, ubicados en la reserva de Montes Azules, municipio de Ocosingo. Treinta y tres indígenas fueron trasladados en helicóptero a la cabecera de La Trinitaria, ubicada cerca de Comitán, y seis más fueron llevados al penal de El Amate, municipio de Cintalapa. Menéndez afirmó que hasta el pasado sábado, los 33 indígenas que inicialmente estuvieron un salón situado en La Trinitaria, fueron llevados a una casa que hasta hace un año funcionó como el bar Las Vegas y prostíbulo, a dos kilómetros de su refugio anterior, y a cien metros del basurero municipal. “En la casa, donde aún está el letrero que da la bienvenida a los clientes del bar, hay un tanque con agua, lleno de larvas y mosquitos, y las autoridades que los llevaron a ese lugar les dijeron que esa es el agua que van a utilizar”, aseguró el activista. Añadió que los indígenas son custodiados por un policía policías estatales y municipales, fuertemente armados para evitar que abandonen el lugar. Informó que hoy llegó al sitio una brigada de salud oficial y recomendó cambiarlos por las condiciones de insalubridad en que se encuentran. “Están peor que en el refugio anterior”, subrayó.

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