El desalojo de comunidades indígenas dará pie a la explotación comercial de la zona

La estrategia oficial de desalojo y control en Montes Azules, Chiapas, que entró en una fase de aceleración impaciente y autoritaria, incluye abierta represión política, violencia paramilitar, intransigencia policiaca y prefabricación de cargos contra los indígenas avalada por los tribunales judiciales y agrarios. Detrás acechan proyectos tan “conservacionistas” como nuevas autopistas y represas, exploración de minerales estratégicos e hidrocarburos, bioprospección trasnacional, saqueo de recursos bióticos, acaparamiento comercial del agua, ecoturismo de lujo y otras actividades no menos lucrativas y desnacionalizadoras. Las autoridades no escatiman mecanismos de impunidad para los “operadores” de la represión que, como en Oaxaca y el estado de México, se apoyan en acciones violentas contra la población y el crecimiento exponencial de los presos políticos en cárceles estatales y federales. A partir de la segunda semana de agosto en Chiapas hay nuevos presos indígenas zapatistas en el penal de El Amate, que se suman al escandaloso encierro de Diego Méndez Arcos, campesino chol que por acudir a ayudar a sus hermanos masacrados en Nuevo Velasco Suárez, en noviembre de 2006, fue “acusado” de los crímenes cometidos en realidad por paramilitares y presuntamente policías, y que permanecen impunes. No sólo ha sido anunciada, anhelada, suspirada por los gobiernos panistas de los años recientes; la apropiación definitiva y radical del corazón de la selva Lacandona (especialmente Montes Azules, pero no sólo) empezó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Con la doble navaja militarización-“conservacionismo”, el gobierno federal metió una tijera para despoblar la selva profunda, cercarla y administrarla dentro del nuevo juego económico neoliberal y global. En el documento Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego, dado a conocer esta semana, Maderas del Pueblo del Sureste recapitula a partir de “las provocadoras campañas de ‘reforestación’ militar” (1999), desarrolladas por el gobierno zedillista, el gobernador Roberto Albores y la titular de la Semarnap, Julia Carabias, seguidas por “los ‘incendios’ forestales inventados en mayo de 2000 por el mismo trío para convalidar acciones de desalojo,‘ingenuamente’ retomadas por algunos grupos conservacionistas urbanos y académicos”. Ya durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía se intentaron operativos de desalojo entre marzo y diciembre de 2002, pero fueron “abortados” por la presión pública. Siguieron desalojos “quirúrgicos” en Lucio Cabañas (diciembre de 2002) y Nuevo San Rafael (enero de 2004), y una “estrategia de reubicación forzosa ‘negociada’ entre junio de 2003 y abril de 2006, que encabezó la subdelegada especial de la Reforma Agraria, hoy diputada federal panista Martha Cecilia Díaz Gordillo”. En los linderos del régimen calderonista reaparecieron acciones de tipo paramilitar “ejercidas por jóvenes tzeltales de Nueva Palestina en contra del poblado Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, enmarcadas en la virtual declaración pública de guerra de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”, abunda el documento. Ahora, al calor de los desalojos recientes, los organismos civiles que defienden los derechos de las comunidades y documentan lo que ocurre son objeto de acusaciones y amenazas. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Maderas del Pueblo. En su declaración testimonial (29 de julio) ante la Fiscalía General del estado, Florencio Gómez Martínez, vecino de la subcomunidad lacandona de Frontera Corozal y autoidentificado como empleado federal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, acusó de “invasores” y “destructores” de la selva a los pobladores de “Nuevo Salvador Allende” (San Manuel): “Hemos tratado de llegar a un arreglo con los invasores, pero como son protegidos por organizaciones y entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas (sic) y Maderas del Pueblo del Sureste, que sólo se dedican a crear conflictos (pues) aleccionan a los invasores para que nos amenacen con armas de fuego”. Esta declaración, considerada una “amenaza” por dichas ONG, se agrega a otras acusaciones e intimidaciones. La anterior, de la “Opdic” (sic) y la “Fundación Selva Lacandona’, señalaba a las ONG independientes como los “asesinos y causantes” de la masacre en Viejo Velasco. http://www.jornada.unam.mx/2007/08/31/index.php?section=politica&article=013n1pol Desalojos en Chiapas, una etapa más de la mercantilización de la naturaleza Leer: http://www.jornada.unam.mx/2007/08/30/index.php?section=politica&article=019n1pol Desalojos en Montes Azules, plan para ceder recursos a multinacionales: estudio Leer: http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148968 ___________________________________________________________________________________ JBG: DESALOJO en 2 comunidades en Montes Azules, Chiapas Aug 20, 2007 La JBG Hacia la esperanza, denuncia un desalojo en la región de Montes Azules JUNTA DE BUEN GOBIERNO HACIA LA ESPERANZA CARACOL: MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS. Al pueblo de México A los pueblos del mundo A los compañeros y compañeras Adherentes de la Otra Campaña en México A los compañeros y compañeras de la Zezta Internazional. 1.- Denunciamos públicamente de lo que esta haciendo Felipe Calderón Hinojosa, gobierno de los ricos de México y a Juan Sábines Guerrero Gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas. Leer: http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148759 Centro de Derechos Humanos pide libertad de detenidos en desalojos de Montes Azules. http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148956 Accion: presionar al mal gobierno con cartas para que paren los desalojos Mandar cartas al gobierno Mexicano para que ya no desalojen a mas comunidades indígenas de la reserva de Montes Azules Fray Bartolome es una organizacion que lucha por derechos humanos en Chiapas. Se les piden mandar cartas urgentemente al gobierno de Mexico para prevenir nuevos desalojos! Mira el enlace: http://www.frayba.org.mx/Boletines/2007/070821_au_10_desplazados_montes_azules.htm Denuncia de desalojos Montes Azules - Ruego de apoyo urgente http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148826 Desalojan dos poblados de la reserva Montes Azules http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=148761

Video entrevista de SIPAZ a los desalojados de Montes Azules http://video.google.com/videoplay?docid=4661288277573748134

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Los de Abajo Dos heridos de bala, seis presos, más de 30 desalojados, amenazas, persecuciones, heridos y desaparecidos, es el saldo de un mes de hostigamiento gubernamental federal y estatal (militar, paramilitar, policiaco y judicial) en las comunidades indígenas de Chiapas, particularmente en las regiones autónomas zapatistas. En Chiapas sigue siendo un delito ser indio, y más un indio que, zapatista o no, habita en Montes Azules, la región natural más codiciada de todo el país y que, bajo pretextos gubernamentales “conservacionistas”, pretende ser entregada a trasnacionales que ofrecen proyectos de ecoturismo, autopistas, explotación de hidrocarburos y un sinfín de planes (en algunos casos ya cumplidos o encaminados) que están muy lejos del objetivo de preservar la biosfera. El pasado 18 de agosto se vivió en las comunidades Buen Samaritano y Nuevo San Manuel un verdadero infierno, en el que unos 39 pobladores, entre ellos 26 niños, fueron desalojados con violencia y trasladados en helicópteros a La Trinitaria, donde fueron depositados en un ex prostíbulo, en condiciones insalubres donde rápidamente se propagaron enfermedades. “Cuando nos subieron al helicóptero, un policía agarró a mi niño de los pelos, le dio una patada en la espalda. Les dije que no lo golpearan porque estaba herido, pero me agarraron y arrastraron en medio del lodazal con todo y niño”, relata una víctima. En testimonios recogidos por el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), en el ex prostíbulo de La Trinitaria, cerca de un basurero, una señora relata que los policías llegaron con extrema violencia y a la solicitud de explicaciones respondieron con gritos y patadas: “Nos dijeron: ahorita no hay explicación, no discutan más... te venimos a sacar y ya. Vámonos pa’ dentro”. Los policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y negro, entraron a las casas sin mostrar ningún documento, arrojando todo al piso y ordenando a las familias reunirse en un punto de la comunidad, bajo el engaño de que ahí les darían una explicación. La explicación, por supuesto, no llegó, y de los pelos los subieron a los helicópteros. Tampoco les dejaron llevar ninguna de sus pertenencias. No les dijeron a dónde las llevaban, como tampoco se los dijeron a los seis hombres que primero fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez y después al penal de El Amate (Cereso 14), acusados de daño en propiedad ajena, atentados contra la ecología del estado, despojo, asociación delictuosa y portación de armas de fuego. Un resumen de la política gubernamental hacia las comunidades indígenas lo ofreció en el operativo una mujer policía: “Nos dijeron que no tenemos derechos, que es el momento del desalojo y ya. No tenemos derecho ni de hablar”. A cualquier pregunta, relatan, la respuesta se acompañó de golpes en la espalda. “Ya no aguantamos más... todas las noches las pasamos sentadas y los niños llorando bajo la lluvia. Ya no se puede”, grita el grupo de mujeres que aún esta semana se encontraba en La Trinitaria. losylasdeabajo@yahoo.com.mx

Piden informes sobre operativo de desalojo en Montes Azules San Cristóbal de Las Casas La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la organización Amnistía Internacional (AI) solicitaron al Centro Fray Bartolomé de Las Casas información acerca del operativo mediante el cual varias familias fueron desalojadas por la policía de la reserva de Montes Azules, afirmó Víctor Hugo López, del área de prensa del organismo. Añadió que un juez dictó auto de formal prisión en contra de seis indígenas detenidos durante el desalojo, acusados de los delitos de despojo y contra la ecología, y les quitó los de asociación delictuosa y daños en propiedad ajena, pero el fiscal del Ministerio Público que lleva el caso apelará esta decisión. López manifestó que 33 indígenas —25 de ellos menores— desalojados el 18 de este mes por cientos de policías estatales y federales de los poblados El Buen Samaritano y Nuevo Ignacio Allende o San Manuel, están virtualmente en un estado de “arraigo” en la casa que fueron instalados en La Trinitaria y que hasta hace un año funcionó como prostíbulo y bar. “El grupo está custodiado por seis policías quienes no los dejan salir más allá de la casa y el terreno, a pesar de que funcionarios del gobierno del estado con los que hemos hablado nos han dicho que los indígenas pueden ir a donde quieran, menos regresar a las tierras de donde fueron desalojados”, dijo. “La CIDH y AI han expresado su preocupación por el desalojo de las seis familias” que desde ocho o diez años estaba asentadas en la reserva de Montes Azules, en la selva Lacandona”, aseveró, al tiempo de afirmar que en la operación “se violaron la ley y tratados internacionales firmados por México”. López señaló que una de las preocupaciones de ambos organismos es la situación de los seis indígenas presos en el penal de El Amate y de los 33 indígenas que desde el pasado sábado fueron instalados en una casa que hasta hace un año funcionó como prostíbulo y bar y cerca del basurero del municipio de La Trinitaria. Aseguró que el Centro Fray Bartolomé de Las Casas ya envió información a la CIDH y a AI, con los detalles del caso, por lo que es de suponerse que la CIDH pedirá informes al Estado Mexicano. Dijo que tras una visita a los 33 desplazados, personal del organismo constató las condiciones de “insalubridad” en que vive el grupo en el albergue en que fueron ubicados por funcionarios estatales el pasado sábado, luego de haberlos tenido en el auditorio y luego en un salón de fiestas de La Trinitaria. “La gente no tiene nada porque la policía no les permitió sacar sus cosas cuando fueron desalojados, ya que su traslado se hizo en helicóptero”, manifestó Víctor Hugo, quien recordó que las autoridades informaron que además destruirían las cosechas y árboles frutales que tenían en sus parcelas. Sostuvo que desde ayer los 33 indígenas se declararon en resistencia, lo que significa que no aceptarán ayuda del gobierno ni salir de la casa en que están a pesar de las condiciones de insalubridad en que se encuentran, hasta en tanto no reciban una respuesta “seria”; sólo aceptarán ayuda humanitaria de organismos no gubernamentales. Las familias aseguran que no cambiarán su posición hasta que el gobierno libere a los seis detenidos, les restituya las tierras de las que fueron desalojadas, les pague los daños causados a sus bienes, incluyendo las cosechas, comentó el activista, quien dijo que desde hace unos días la organización católica Cáritas está llevando víveres a los desplazados.

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Desalojados de Montes Azules son albergados en zona insalubre Organismos no gubernamentales informaron que 33 indígenas desalojados con la fuerza pública de Montes Azules en días pasados, fueron albergados en una casa que hasta hace un año funcionó como prostíbulo y bar, cerca del basurero del municipio de La Trinitaria. Luis Menéndez, miembro de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz) y del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, dijo que en el lugar -donde fue encontrada una culebra de dos metros de largo- está en condiciones “insalubres y no apto para ser habitado”. Añadió que un joven de 17 años tiene varicela, y en el grupo dos mujeres probablemente están embarazadas, por lo que el caso les representaría un riesgo grave. El pasado 18 de agosto agentes federales y estatales desalojaron por la fuerza a varias familias que vivían en los predios Nuevo Salvador Allende y El Buen Samaritano, ubicados en la reserva de Montes Azules, municipio de Ocosingo. Treinta y tres indígenas fueron trasladados en helicóptero a la cabecera de La Trinitaria, ubicada cerca de Comitán, y seis más fueron llevados al penal de El Amate, municipio de Cintalapa. Menéndez afirmó que hasta el pasado sábado, los 33 indígenas que inicialmente estuvieron un salón situado en La Trinitaria, fueron llevados a una casa que hasta hace un año funcionó como el bar Las Vegas y prostíbulo, a dos kilómetros de su refugio anterior, y a cien metros del basurero municipal. “En la casa, donde aún está el letrero que da la bienvenida a los clientes del bar, hay un tanque con agua, lleno de larvas y mosquitos, y las autoridades que los llevaron a ese lugar les dijeron que esa es el agua que van a utilizar”, aseguró el activista. Añadió que los indígenas son custodiados por un policía policías estatales y municipales, fuertemente armados para evitar que abandonen el lugar. Informó que hoy llegó al sitio una brigada de salud oficial y recomendó cambiarlos por las condiciones de insalubridad en que se encuentran. “Están peor que en el refugio anterior”, subrayó.

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