Sistemática, la violación a los derechos humanos en algunas entidades del país
En su Informe 2008 recalca que la policía hizo “uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes”
Las investigaciones sobre ataques a periodistas están estancadas, lamenta

Amnistía Internacional (AI) consideró que en México las violaciones a los derechos humanos “continuaron siendo generalizadas y, en algunos estados, sistemáticas”. Aseguró que al cierre del año pasado la mayor parte de los responsables de violar las garantías fundamentales de la ciudadanía continuaba eludiendo a la justicia, por lo que la impunidad durante 2007 fue “generalizada”. En el capítulo sobre México de su Informe 2008 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional encontró que en ocasiones la policía hace “un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes”, llega a herir a muchos de ellos e incurre en prácticas de tortura y uso excesivo de la fuerza. “Las investigaciones sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos por parte de agentes de la policía eran muchas veces deficientes, y la impunidad de las violaciones de derechos humanos es generalizada”, subrayó el organismo. Alertó que en el marco de los operativos en contra de la delincuencia organizada ordenados por Felipe Calderón, muchos de los militares “detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas durante estas operaciones”. Mostró su preocupación por la aprobación de reformas constitucionales en materia judicial, que otorga a la policía facultades para entrar a domicilios de particulares sin mandamiento judicial y establecen el arraigo. En el informe anual, que será presentado esta mañana, la organización no gubernamental más grande y reconocida a escala mundial en la defensa de los derechos humanos reiteró que durante 2007, en Oaxaca continuaron reportándose abusos contra las garantías de la ciudadanía. Encontró que autoridades de diversas entidades del país “hicieron uso indebido del sistema judicial”, para que activistas políticos y luchadores sociales “fueran objeto de procesos injustos”, tal es el caso –enmarca– de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, condenados a más de 67 años de prisión. “Hubo honda preocupación con relación a la imparcialidad del juicio y la condena”. Otra omisión que AI encontró a lo largo de 2007 en México es que no hubo avances en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno con respecto al procesamiento de los responsables de graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el pasado. “A pesar de las reformas legales positivas, la violencia contra las mujeres continuó siendo generalizada y a la mayoría de las sobrevivientes se les negaba el acceso efectivo a la justicia”, subrayó. Resaltó que el año pasado fueron asesinadas 25 mujeres en Ciudad Juárez, y que en el estado de México se reportaban cifras superiores; además de que al cierre del año no se había sentenciado a los responsables de crímenes contra mujeres. El capítulo sobre México del informe de AI señala también que el año pasado los periodistas que informaron sobre narcotráfico y corrupción fueron objeto de violaciones a sus garantías, ya que en ese periodo seis comunicadores fueron asesinados, tres secuestrados y otros tantos amenazados, lo que consideró como “ataques a la libertad de expresión”. AI remarcó que pese a las denuncias nacionales e internacionales “las investigaciones oficiales sobre estos delitos y sobre ataques a periodistas en el pasado avanzaron muy poco o estaban estancadas”. El informe incluye la preocupación por la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, además de que las comunidades indígenas y los migrantes siguen siendo objeto de abusos de la autoridad. http://www.jornada.unam.mx/2008/05/28/index.php?section=politica&article=019n1pol

El gobierno federal “no tiene presos políticos”, responde Mouriño al EPR No se ha acreditado vínculo de ese grupo armado con las FARC, dice el titular de Gobernación El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno del presidente Felipe Calderón “no tiene” presos políticos, no ha cometido delitos de desapariciones forzadas ni de lesa humanidad. En referencia a las afirmaciones del Ejército Popular Revolucionario (EPR) respecto de que sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez constituyen casos de “desapariciones forzadas”, el funcionario indicó que es “absolutamente falso”. En entrevista respondió que hasta el momento “no está acreditado” el supuesto de la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio mexicano o una liga de este grupo con el EPR. Mouriño dijo ayer en entrevista que el gobierno federal continuará dispuesto a dialogar con el EPR, pero “preferimos avanzar con pasos seguros”. El secretario de Gobernación fue entrevistado al término de la ceremonia de izamiento y abanderamiento, realizada en el patio central de Gobernación. http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article=019n1pol Medina descarta al Ejército en las desapariciones Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), habló ayer de los avances sobre la desaparición de los eperristas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ya se descartó por completo, dijo, la hipótesis que apuntaba al Ejército mexicano como probable responsable de esas desapariciones, y sin querer entrar en más detalles, sólo indicó que “es un hecho que todo aconteció en ese estado (Oaxaca)”. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario aseguró que la PGR aún no tiene certeza sobre si ambos eperristas están vivos o muertos. –¿Hacia dónde apunta la investigación que lleva la PGR sobre esas dos desapariciones? –No tenemos aún una determinación concluyente que nos explique el asunto. Sí podemos afirmar que hemos ya descartado muchas de las hipótesis que se manejaron inicialmente. –¿Está descartado el Ejército? –Absolutamente, está descartado; no tenemos ningún indicio, ningún indicador de participación de alguna institución federal. http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article=019n3pol

El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI Preocupante, que el Presidente no haya demostrado un compromiso en la materia, afirma Se respetan las garantías básicas y se atienden las recomendaciones de defensores en la materia: Mouriño Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”. Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio. En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México. “México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló. Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales. El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón. En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades. “La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”. Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”. Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”. En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas. Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”. Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos. Con información de Fabiola Martínez http://www.jornada.unam.mx/2008/05/29/index.php?section=politica&article=018n1pol