También se incluirán los temas de migración y cambio climático

Oaxaca, Oax., 20 de julio. La Unión Europea (UE) estudia incluir los temas de lucha contra el crimen organizado, migración y cambio climático en la agenda que actualmente revisan el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, para formalizar una relación estratégica con México, afirmó el embajador de la UE, Mendel Goldstein. En entrevista destacó que la UE sigue con especial atención los casos Oaxaca y San Salvador Atenco, por “el peso de la opinión pública”, y sobre todo por ser el respeto a los derechos humanos uno de los valores democráticos fundamentales. El diplomático expuso que la propuesta de temas fue presentada la semana pasada al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo, y está por resolverse, aunque confió en su aprobación. Explicó que la UE, después de pactar con México el acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, que entró en vigor en 1997, “tiene mucho interés” ahora en “compartir las luchas con México”, especialmente en contra del crimen organizado, la migración y el cambio climático. “Ya tenemos una relación muy fuerte, tenemos un acuerdo global, pero esto vendrá a concretar una mejor relación, y México será incluido en la lista limitada de socios estratégicos”, afirmó. Mencionó que la relación estratégica entre la UE y México, una vez formalizada, se dará a conocer en octubre próximo en una cumbre aún por definirse. Acotó que la UE considera a México un “país clave” por su situación geográfica, su importancia en Latinoamérica, su vecindad con Estados Unidos, así como “por su pluralidad democrática y su presencia económica. Tenemos más de 8 mil empresas europeas, y nos interesa la estabilidad política, económica y social de este país”. Según Goldstein, la UE sigue con interés la promoción y protección de los derechos humanos en México, por ser un tema prioritario con sus socios comerciales “donde sea, en África, Asia y América Latina”. –¿México cumple con ese requisito? –Ningún país, ni los nuestros, es perfecto. Siempre es una lucha para llegar a cumplir más. Pero sí, hay progresos, hay avances. México ha firmado casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=016n2pol Eurodiputado envia informe de la CCIODH a la Comisaria Europea de Asuntos Experiores El eurodiputado de Izquierda Unida y Vice Presidente de la Asamblea Eurolatinoamericana Willy Meyer le ha hecho llegar a la Comisaria de Relaciones Exteriores y Política Europea de Vecindad, Sra. Benito Ferrero Waldner, una copia del informe sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) y que fue presentado en el Parlamento Europeo el pasado 2 de julio. En la carta a Ferrero Waldner, Meyer ha señalado la necesidad de que exista un mecanismo de verificación de cumplimiento de los derechos humanos dentro del Acuerdo de Asociación Estratégica que la Comisión se dispone a firmar con México. A continuación se adjunta el texto de la carta: http://chiapas.indymedia.org/article_157737

El gobierno debe una explicación sobre curso para torturar: HRW “Inadecuado, encargar a soldados la lucha contra el narco” El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseveró que el gobierno federal y autoridades estatales todavía deben una explicación sobre el video que se conoció a escala mundial sobre “el curso de tortura que se impartió a policías de Guanajuato, porque es difícil entender que sobre la base de técnicas brutales se puedan mejorar el rendimiento y el nivel profesional de los agentes”. Lo que hasta el momento han dicho las autoridades, añadió en entrevista, es que “no son entrenamientos para que practiquen la tortura, sino para preparar a los policías en caso de que sean víctimas de tratos duros si caen en poder de mafiosos, pero esa explicación genera muchas dudas e interrogantes. Lo que observamos en la cinta puede servir tanto para uno como para otro objetivos. Si lo que se busca es capacitar a los agentes, no creemos que de esa manera se logre”. El video, que se filtró y “muchos pudimos ver a escala mundial, sienta mal precedente para México. Genera no sólo interrogantes, sino dudas serias respecto del compromiso de las autoridades federales para mejorar el rendimiento de los policías”. Destacó: “hay una línea divisoria muy tenue entre capacitar para resistir tortura y entrenar para que torturen. Es muy difícil hacer una diferencia. Es jugar con fuego, especialmente tratándose de fuerzas policiales que no tienen mecanismos de control externos ni internos”. La carencia de métodos de disciplina y control “es una cuestión crónica que afecta a la policía. Por eso son poco confiables, altamente incompetentes y fácilmente corrompibles. Abusan de su poder. Por ello, que se diga que ese entrenamiento no es para que torturen a los detenidos, sino para que resistan, es difícil de entender”. Vivanco cuestionó también que “ya se ha hecho práctica común, utilizada por militares y policías, desnudar a detenidas. Todo eso genera grandes preocupaciones. ¿Para qué desvestirlas? Parece un patrón generalizado en el trato que dan soldados y agentes a los arrestados. No entendemos cuál es la explicación”. Ante ese tipo de procedimiento, “las autoridades tienen que dar una explicación clara y lógica y sancionar a quienes cometen esas prácticas ilegales”. Frente a esas denuncias se tiene que actuar”, destacó. Abundó que las violaciones a los derechos humanos por militares “deben ser sancionadas de manera ejemplar. Las autoridades castrenses deben asumir una actitud de que no van a tolerar esos delitos, sino que se va a investigar y sancionar a los responsables”. Involucrar a los soldados en la lucha contra el narcotráfico “no parece ser la solución adecuada. Ordinariamente esa tarea la realizan los policías. Sin embargo, como desempeñan esa labor, hay que asegurarse de que la lleven a cabo de manera profesional, respetando los derechos humanos. Y cuando cometan abusos, sancionar a los responsables”. Vivanco se refirió a las ocho recomendaciones que hizo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los graves atropellos a las garantías básicas: “El año pasado presentó otro paquete de cuatro recomendaciones. Eso es algo que conocemos. No es noticia que los militares cometan gravísimas violaciones a los derechos. Lo relevante aquí sería que las denuncias del ombudsman terminen en investigaciones transparentes y creíbles, y que los responsables sean sancionados”. Pero como las pesquisas quedan en manos de los militares y “hasta ahora la justicia castrense simplemente ha servido para amparar a los soldados, entonces ahí vemos una contradicción muy grave”, sostiene. Añadió: “mientras no se entienda que los atropellos a las garantías básicas por militares son delitos del fuero común y no forman parte de la disciplina castrense, porque son atrocidades, violaciones sexuales, desapariciones y torturas, y que deben ser juzgados por autoridades civiles, no se avanzará en la solución de ese problema”. Subrayó: “parece que los soldados cuentan con la anuencia del Ejecutivo y van a seguir invocando la aplicación de la justicia militar cuando violen los derechos humanos. En ese punto, tanto la Sedena como el presidente Felipe Calderón deben explicar a la comunidad internacional y a la opinión pública qué pasos están dando”. http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=politica&article=019n1pol

Autoridades descalifican testimonios, dicen Zongolica, Ver., 20 de julio. Dos días después de la exhumación de los restos de la indígena Susana Xocua Tezoco para someterlos a una autopsia, vecinos de San José Independencia advirtieron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) “prepara un Ernestinazo”, pues intentará sosostener la hipótesis de muerte natural, como ocurrió en el caso de Ernestina Ascención Rosario, quien falleció en febrero de 2007. La advertencia fue apoyada por el secretario de Asuntos Indígenas del PRD y ex regidor de Zongolica, Juan Carlos Mexhua, quien acompaña a los deudos en su demanda de justicia, y responsabilizó al procurador Salvador Mikel Rivera de preparar el cierre del expediente, luego de las descalificaciones de funcionarios a testimonios de los lugareños. Mexhua Campos se refirió a las declaraciones que el subprocurador de Asuntos Indígenas de la PGJE, Darío Mendiola Solana, sobre las evidencias localizadas junto al cadáver y los testimonios de más de 50 lugareños que vieron el cuerpo de Susana Xocua, muerta el 25 de mayo pasado. “El señor afirma que la señora estaba semidesnuda porque las indígenas no acostumbran usar ropa interior; que el sombrero de un hombre que estaba junto al cadáver era de un espantapájaros, y sostienen la teoría de que murió por tener vejiga caída. Todo apunta a que ya se tomó la decisión de no atender las investigaciones”, expuso. Sostuvo que la mujer, de 58 años, gozaba de buena salud, como lo corrobora el seguimiento de médicos del programa Oportunidades, del cual era beneficiaria, y no reportaron ningún mal crónico o mortal. Además, acusó que “el Ministerio Público tuvo fallas, como el no revisar los genitales de la agraviada, lo que practicó dos meses después, con la exhumación del pasado viernes”. Dijo que por la posición de la PGJE se sospecha que se prepara el cierre de la investigación, como en el caso de la anciana Ernestina Ascensión, del municipio de Soledad Atzompa. “Se prepara un Ernestinazo”, sostuvo. En este contexto, familiares de Susana Xocua aseguraron que el ayuntamiento de Zongolica, que encabeza el priísta Luis Flores Trujillo, los presiona para desistirse de su demanda de justicia, por conducto del subagente municipal en San José Independencia, Cayetano Apale Salvado. Además el secretario de la agencia ministerial en Zongolica, Javier Tepole, amenazó a los deudos para que ya no pidan una investigación sobre el caso. “Nos dijo ‘ya no vengan en bola, pues se están metiendo en lo profundo y a ustedes los podrían meter a la cárcel”, afirmó Felipa Panzo Temoxtle, nuera de la víctima. http://www.jornada.unam.mx/2008/07/21/index.php?section=estados&article=040n1est

El 11 de julio fueron emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ocho recomendaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército Mexicano. Este hecho confirma lo que de diversos modos ha sido señalado por diversas organizaciones sociales: que la injerencia militar en tareas de seguridad pública constituye una amenaza para la vigencia de los derechos humanos en el país. Sin embargo, el número de recomendaciones presentadas por la CNDH no refleja de manera suficiente el número de violaciones perpetradas por personal militar durante 2007 y el primer semestre de 2008. Esto se concluye de la lectura de los datos preliminares de un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), que sistematiza las situaciones reportadas por la prensa durante los últimos 18 meses. Según éste, al menos 50 casos de supuestos abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas fueron denunciados en los medios. Estos abusos abarcan violaciones graves a los derechos humanos, como privación de la vida, torturas, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y abusos sexuales. El estudio del Centro Prodh destaca que la mayor parte de los abusos militares ha ocurrido en estados donde se han realizado operativos conjuntos entre el Ejército Mexicano y diversas corporaciones policiales contra el tráfico de drogas (Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa). Pero también en estados donde tradicionalmente se ha registrado una fuerte presencia militar y un largo historial de abusos por parte de elementos castrenses (Guerrero, Oaxaca y Chiapas). Es notable lo que sucede en Chihuahua, donde a partir de marzo de 2008, es decir, después de uno de estos operativos conjuntos, han acontecido al menos seis casos de abusos militares de alto perfil. También llama la atención que en lo que va de 2008 el número de personas asesinadas por militares iguala ya a las 11 personas que perdieron la vida en 2007, lo que hace temer un incremento alarmante en el número de violaciones a derechos humanos. Si bien los abusos militares han estado vinculados a la participación militar en los operativos diseñados para combatir a la delincuencia organizada, debe tenerse en cuenta que también han ocurrido violaciones a derechos humanos cometidas contra comunidades indígenas y grupos de migrantes indocumentados. Tampoco debe perderse de vista que existe un alto número de mujeres víctimas de abusos en los 50 casos analizados. Esta información bastaría para pensar que la participación de las fuerzas armadas no se ajusta estrictamente a la lógica de la lucha contra el crimen organizado, o bien que el poder militar se hace sentir también en ámbitos que desbordan las funciones estrictamente policiales. Situación que representa graves riesgos para la población civil, sobre todo para la que se asienta en zonas marginadas, o para los sectores vulnerables. Las recientes recomendaciones de la CNDH confirman lo que por años ha sido una demanda reiterada de los organismos civiles de derechos humanos en México, que han documentado la impunidad en la que quedan las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de civiles por militares. Tales recomendaciones subrayan la necesidad de rediseñar las estrategias de combate a la delincuencia organizada, y la de establecer controles efectivos que llamen al Ejército a rendir cuentas. Entre las recomendaciones de la CNDH y la investigación del Centro Prodh hay, sin embargo, una diferencia que conviene resaltar. En sus recomendaciones la CNDH ha omitido condenar, con base en los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, la extensión del fuero militar a los casos en que elementos castrenses perpetran delitos graves contra civiles. No ha habido, por parte de esta comisión, un pronunciamiento contundente sobre esa importante cuestión. Los abusos militares no pueden explicarse solamente aludiendo a la falta de capacitación en materia de derechos humanos de los miembros del Ejército. Hay una causa de fondo que favorece los abusos militares: las fuerzas armadas son entrenadas para actuar desde la lógica de la guerra contra un enemigo externo, de manera que su implicación en tareas policiales es incompatible con los fines y los rasgos de la disciplina castrense. A esta causa debe agregarse la relevancia de la impunidad, reforzada porque la mayoría de los abusos sólo es conocida por el fuero militar, como factor que permite la comisión de nuevos abusos. A los datos relacionados con estos abusos se suma el apoyo que Estados Unidos otorgará mediante la cuestionada Iniciativa Mérida, acatada y gestionada por el gobierno mexicano. Esas negociaciones estuvieron a punto de fracasar por su negativa a incluir medidas que permitan el efectivo cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Frente a tales hechos, es necesario que haya mayor participación de la ciudadanía para monitorear el sistema de seguridad pública, de manera que sea posible asegurar la justicia integral en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares y policías. Esta participación debe incluir un firme rechazo a la extensión del fuero castrense y a la creciente militarización de las tareas de seguridad interna. http://www.jornada.unam.mx/2008/07/19/index.php?section=opinion&article=018a2pol